La Obligación de Facturación Electrónica llega a todos:
Ley Crea y Crece

Lo primero que hay que tener presente es que una factura electrónica es en primer lugar una factura, y por lo tanto cabe aplicar la regulación desarrollada a tal efecto. La factura nació entre las medidas que se diseñaron para justificar la entrega de bienes y prestación de servicios, por lo que este debe ser el sentido último de ésta.

En segundo lugar la factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato electrónico, y en este sentido hay distintas regulaciones que se han ido desarrollando según la extension de la obligación de expedirla cuando el destinatario era una Administración Pública, o bien cuando el destinatario era una empresa contratista de la Administración Pública, y finalmente la extension a todas las operaciones comerciales entre empresas y profesionales.

De acuerdo con las disposiciones legales, cuando se cumplan los requisitos regulados, la facturación electrónica será obligatoria en los siguientes casos:

• Desde el 1 de julio de 2018  las empresas que presentan facturas a las administraciones públicas por importe superior a 5.000 euros deben facturar por vía electrónica y presentar sus facturas a través del “Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” de la página web de la administración con la que hayan contratado.
• Desde el 1 de julio de 2018 las empresas que sean subcontratadas para trabajar con la Administración por importe superior a 5.000 euros  también deberán facturar por vía electrónica.
• La obligación de emitir facturas en formato electrónico será obligatoria entre empresas y profesionales según las siguientes situaciones:

• Para aquellos que facturen más de 8 millones de euros la entrada en vigor de la obligación será como máximo al año de la aprobación del Reglamento que detalla la aplicación de la ley. Se prevé que esta aprobación se podría producir a principios del año 2024, por lo que la entrada en vigor se estima que pueda ser a principios de 2025.
• Para aquellos que facturen menos de 8 millones de euros la entrada en vigor de la obligación será como máximo a los 2 años de la aprobación del Reglamento que detalla la aplicación de la ley, por lo que la entrada en vigor se estima que pueda ser a principios de 2026.

Se exceptúa de la obligación de expedir factura en los siguientes casos:

• Aquellos que emitan facturas dirigidas a la Administración Pública cuando el importe de la misma sea inferior a 5.000 euros.
• Los bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, y compañías de financiamiento comercial.
• Cuando el destinatario de la operación no tenga en el territorio español la sede de su actividad económica y otros casos similares contemplados por la ley.
• Las que se documenten a través de facturas simplificadas de acuerdo con la ley.
• Las que se expidan voluntariamente sin que exista obligación de hacerlo.
• Las que se expidan a particulares siempre que estos no hayan solicitado expresamente que se les envíe en formato electrónico.
• Otras excepciones que temporal o definitivamente puedan establecerse por la Autoridad competente.

Hoy en día las facturas comerciales deben pagarse en un plazo no mayor de 60 días, pero no siempre se cumple este plazo, lo que perjudica gravemente a las empresas, teniendo un efecto aun más notorio en las pymes. Así que el control de morosidad es uno de los objetivos principales de la Ley de creación y crecimiento de empresas.

Para evitar la morosidad, la ley prevé un control sobre los plazos de pago. Por cada factura que emita la empresa proveedora, será obligatorio el intercambio de la siguiente información:

• Cuando el proveedor emite la factura. Debe reflejar la fecha de vencimiento (pudiendo ser un plazo igual o menor de 60 días).
• Cuando el cliente recibe la factura. Debe acusar recepción por vía telemática. Además debe aceptar o rechazar expresamente la fecha de vencimiento que indica la factura.
• Cualquiera de las dos partes que han intervenido en la transacción, cliente o proveedor, deberá realizar la declaración del pago, en donde indicará la fecha del pago efectivo. Cabe destacar, que se prevé reportar esta información por vía telemática al Observatorio Estatal de Morosidad. Pero el procedimiento específico lo determinará el reglamento de la factura electrónica.

Para que un proveedor pueda utilizar una plataforma única  que le permita emitir facturas a todos los clientes, sin importar la plataforma que estén empleando estos, todas las plataformas de facturación electrónica deberán:

• Soportar los diversos formatos estructurados que se emplean actualmente y los futuros indicados por el reglamento. Para esto, las plataformas deberán realizar traducciones recurrentes para adaptarse a los requerimientos del cliente.
• Interconectarse entre sí. Por lo que será preciso implementar los protocolos de comunicación que establecerá el Reglamento de la factura electrónica.
• Garantizar ciertos estándares de seguridad.
• Tener la capacidad de contener la información mínima requerida en las facturas, de acuerdo al Real Decreto 1619/2012 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

No. El nuevo sistema para la facturación electrónica B2B solo se aplicará cuando el cliente o el proveedor sean empresas registradas en España. Por lo tanto, si una empresa posee proveedores o clientes internacionales podrá continuar enviando y recibiendo las facturas por vía tradicional, cómo lo hacen hasta ahora.

No. La normativa del nuevo sistema de facturación electrónica no es aplicable a los proveedores extranjeros. Por lo tanto estos podrán continuar emitiendo y recibiendo sus facturas por vía tradicional.

Los tickets simplificados, como los emitidos en grandes almacenes o en gasolineras solo están destinados al consumidor final. Por lo tanto, estos tickets no se afectan con la Ley de facturación electrónica.

Legislación base sobre la que se impulsa toda la regulación normativa actual sobre facturación electrónica:

• Ley 58/2003, de 17 de diciembre,General Tributaria (Artículo 29, 2, e y j. Artículo 43, 1, f.  Artículo 117, 1, d, …. ).
• Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
• Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información, que impulsó el uso de la factura electrónica en el sector público (Artículo 1, 2, 2 bis y 2 ter,).

Legislación reciente aplicable a la regulación de la factura:

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
• Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Regula la factura electrónica cuando el destinatario es la Administración Pública.
• Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
• Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Regula la factura electrónica para las operaciones entre empresas y profesionales.