A lo largo de la primera semana de Diciembre 2013, se aprobaron dos enmiendas al proyecto de ley de factura electrónica en el Senado con el que modifica la Ley de Contratos del Sector Público, en la que se exige a los empresarios a estar debidamente clasificados en los contratos de obra superiores a los 500.000 euros y, la segunda enmienda, en la que se obliga a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a emitir una factura electrónica puesto que se consideran asociaciones de empresarios cuyo fin es colaborar en la gestión del sistema de la Seguridad Social.
Es un paso decisivo en la apuesta tecnológica y modernización de la Administración Pública, manifestado como uno de los aspectos clave de la Agenda Digital para Europa con la que se busca implantar el mercado único digital:
Para facilitar los pagos y la facturación por vía electrónica, la Comisión debe llevar a término la Zona Única de Pagos en Euros (ZUPE) y revisar la Directiva sobre firmas electrónicas, para ofrecer sistemas seguros de autenticación electrónica.
Con LegalFacturaE, plataforma para la facturación electrónica en Cloud Computing homologada por la AEAT, se puede gestionar, digitalizar de forma certificada, firmar electrónicamente y custodiar todas las facturas electrónicas generadas.
Los principales beneficios que ofrece el servicio de facturación electrónica son agilizar los plazos de pago a los proveedores, reducir cargas administrativas y reforzar la transparencia. Todo ello conlleva a la mejora de la imagen de las empresas, se abaratan costes y se mejora la atención a los proveedores y clientes.
El nuevo procedimiento de tramitación de facturas arrancará el uno de enero de 2014, aunque la obligación de usar facturas electrónicas se retrasa al uno de enero de 2015 para dar tiempo a todos los proveedores a adaptarse (será obligatorio para todas las facturas superiores a 5.000 euros).
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