El avance de la facturación electrónica en España sigue su curso. A partir del inminente 1 de julio de 2018, aquellas empresas subcontratistas que facturen por importe superior de 5.000€ a los contratistas de las Administraciones Públicas, deberán hacerlo por medios electrónicos. La medida, encuadrada dentro de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, supone otro pequeño paso adelante en la universalización de la factura electrónica en nuestro país.
El procedimiento no cambia con respecto al implementado tras la aprobación de la Ley 25/2013 de impulso a la factura electrónica, simplemente amplía el abanico de sujetos que deben utilizarlo. Si hasta ahora sólo estaban obligados los contratistas de la Administración Pública, a partir del 1 de julio tendrán que hacerlo también los subcontratistas con facturas de importes mayores a 5.000€. El formato sigue siendo mismo, el consabido FacturaE.
Ejemplo de subcontratistas obligados a la factura electrónica
Por poner un ejemplo gráfico, si la empresa X obtiene un contrato con la Administración, y para ello acuerda con la empresa W que preste parte de los servicios incluidos en dicho contrato, la empresa W se convierte en subcontratista. Si los servicios que W facture a X superan los 5.000€, W deberá presentar las facturas en formato electrónico.
Siguiendo el ejemplo, si X contratara a la empresa Z para cumplir con otra parte de los servicios dentro del mismo proyecto, pero por un importe inferior a 5.000€, Z sería considerada subcontratista, pero no estaría obligada a presentar facturas electrónicas, y podría seguir utilizando el papel.
Ventajas de la facturación electrónica
Con el cambio previsto para el mes de julio, el espectro de empresas que deben ser capaces de generar su facturación en formato electrónico va a aumentar, alcanzando cada vez a más a pymes y autónomos. Pymes y autónomos son, precisamente, los actores del mercado que menos han adoptado la factura electrónica en su organización. También es comprensible, por la menor amplitud de recursos informáticos y financieros de los que disponen.
Aún así, el número de pymes con aplicaciones de facturación electrónica sigue creciendo. Los beneficios, aunque en ocasiones difíciles de ver en primera instancia, acaban prevaleciendo sobre el coste de implantación. Además del considerable ahorro de costes, el punto más fuerte, están la reducción del tiempo empleado, la trazabilidad de todas las operaciones, la agilidad de la gestión, la disminución de plazos de cobro… en otras ocasiones hemos hablado de las numerosas ventajas de la digitalización de la facturación y la oficina sin papeles.
El futuro de la facturación electrónica
No podemos predecir el futuro, pero parece lógico que la factura electrónica seguirá avanzando en su universalización. La velocidad a la que lo haga, eso sí, dependerá en un alto porcentaje de la Administración y de la normativa. Por lo general, a las empresas españolas les cuesta asumir cambios en procesos administrativos si no se ven forzados a ello.
La implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA es un buen ejemplo de ello. Destinado casi únicamente para empresas con más de 6 millones de euros de facturación, es decir, grandes empresas, con músculo para asumir cambios operativos e implementaciones de software; ha supuesto para muchos un pequeño quebradero de cabeza. Las empresas de servicios informáticos se han visto obligadas a desarrollar aplicaciones capaces de adaptarse a los distintos sistemas de gestión del mercado, para poder enviar los libros registro del IVA a la Agencia Tributaria en el formato requerido.
Las limitaciones que conocemos hoy día, como los 5.000€ de importe en las facturas a las AAPP, o los 6 millones de euros de facturación en el SII, son relativamente recientes. Parece lógico pensar que con el tiempo aumentarán su exigencia, por lo que el número de empresas que deberán adaptar sus sistemas de gestión seguirá en aumento.
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